TERCERO B
EDUCACION PARA LA CIUDADANIA
LA PARTICIPACION CIUDADANA
La participación ciudadana no es un objetivo en sí misma, sino el medio para conseguir los fines de cada grupo. Participar es la acción y voluntad de intervenir en un colectivo con el que se tiene un sentimiento de pertenencia. La participación es siempre dinámica y debe cumplir con las premisas de recibir información, para poder opinar y colaborar con una determinada actuación.
Tipos de participación
Se distinguen dos tipos de participación: la política, que se realiza a través de los partidos políticos y el sistema electoral, y la participación genérica en la comunidad.
La participación genérica hace referencia a que los poderes públicos deben facilitar la participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social.
Las formas de participación social, como pueden ser la familia, el trabajo, la escuela o las instituciones culturales, son formas de intervenir en la comunidad; por lo tanto, es necesario que haya puntos de contacto entre las instituciones y cada una de estas entidades.
La guía práctica para la implantación y desarrollo de la Agenda Local 21 en los municipios de Euskadi tiene, entre sus objetivos, el fomento de la participación ciudadana y de la adopción de compromisos por parte de los agentes sociales y económicos de los ciudadanos y ciudadanas.
Organización de la participación
Los poderes públicos deben facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, cultural, económica y social. Esto supone compartir entre las instituciones y las asociaciones y colectivos los proyectos sobre el entorno en que trabaje cada uno.
Los procesos de participación ciudadana tienen en cuenta puntos de vista muy variados, por lo que a veces son lentos y complicados. Pero son elementos clave para conseguir mayor legitimidad y cohesión social en un entorno.
La participación individual y colectiva
La participación individual en el ámbito municipal se concreta en los derechos a la información, a la intervención oral en las sesiones públicas, a la audiencia, a la petición, a la propuesta, a la iniciativa ciudadana y al referéndum o consulta popular.
La ciudadanía, individualmente considerada, tiene derechos pero dentro de organizaciones y en colectivos asociados puede tener competencias en el quehacer cotidiano de las instituciones para hacer efectivas la libertad y la igualdad, y para mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
Con este objetivo, el Gobierno Vasco ha formado consejos con representantes especializados en los distintos temas, como el Consejo de la Formación Profesional, por citar un ejemplo. Las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa también tienen sus propias comisiones, donde se escucha la voz de la ciudadanía.
Organizaciones propias de la ciudadanía
Los términos movimiento social y asociacionismo son diferentes. El movimiento social, según Joachim Raschke, es un "agente colectivo movilizador que persigue el objetivo de provocar, impedir o anular un cambio social fundamental, trabajando para esto con una cierta continuidad, un alto grado de integración simbólica y un bajo nivel de especificación de roles, utilizando formas de organización y acción variables".
El movimiento asociativo o asociacionismo se refiere a las actividades de todas las entidades no lucrativas que
trabajan por objetivos e intereses propios de cada asociación. No son un movimiento social porque no trabajan por
un cambio común a todas ellas.
Dentro del movimiento asociativo hay muchas entidades que permiten la participación y que se pueden parecer a las
asociaciones, pero no se contemplan como tales porque no cumplen alguno de los requisitos fundamentales para
serlo.
Estas entidades posibilitan la participación a cualquier persona interesada y buscan el interés colectivo, la mejora de
la gestión pública y una mayor calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía. Son, por ejemplo, los partidos
políticos, los sindicatos, las organizaciones patronales o los colegios profesionales.
Existen además iniciativas económicas que parten de la inquietud social y que, aunque tienen ánimo de lucro,
surgen con claras finalidades sociales. Son cooperativas, algunas sociedades anónimas, comunidades de propietarios
o mutualidades, que no son asociaciones pero pueden ser motor de dinamización social y cultural e incluso poner en
marcha planes de desarrollo local en un barrio o un territorio.
Condiciones para la participación
Nuestras leyes reconocen el derecho a la participación ciudadana y ordenan a los poderes públicos que realicen las
actuaciones necesarias para que esa participación sea efectiva. Esta efectividad depende de la práctica y de la
gestión diaria de los equipos de gobierno y de la voluntad política que demuestren, haciendo posibles los cauces e
instrumentos de la participación.
La participación puede ser individual, pero la mejor manera de ejercer este derecho es de forma colectiva, mediante
organizaciones propias de la ciudadanía.
Estos colectivos surgen habitualmente ante las inquietudes de un grupo de personas que demandan o promueven
algún tema que les preocupa, y al que van a dedicar tiempo y esfuerzo.
Cuando en un entorno existen grupos dinámicos, se establecen relaciones entre los poderes públicos e interlocutores
que los representan. Estas relaciones son una fuente de recursos y proyectos innovadores que permiten mantener el
dinamismo social y hacen que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes protagonicen el cambio social para la
búsqueda de una convivencia mejor.
Con esto produce una transformación social en la que las mejoras van incrementando la calidad de vida de la
comunidad. Pero para que la participación sea efectiva es necesario que se establezcan reglamentos y normas que la
posibiliten y regulen.
Vías de participación ciudadana
Desde la Administración local de nuestra comunidad se percibe a los ciudadanos y ciudadanas como poseedores de
derechos individuales que tienen que organizarse para potenciar su libertad y capacidad de elección y decisión.
Por esto es importante que las entidades que posibilitan esa participación sean accesibles y se perciban con
confianza por parte de la ciudadanía.
La comunicación y la colaboración continuada entre las entidades que dan vía a la participación ciudadana y la
Administración son imprescindibles para posibilitar la incorporación de las medidas propuestas por la ciudadanía a las
políticas institucionales.
En la actualidad, las asociaciones han entrado en la gestión indirecta de diversos servicios y equipamientos
municipales, provinciales y autonómicos, intentando aportar valores y nuevas formas de entender esos servicios de
la ciudadanía.
Esta gestión constituye un medio para que las asociaciones consigan recursos, pero deben mantenerse independientes y soberanas en sus decisiones. Para ello es necesario dotarlas de formación y posibilidades de recursos.
Al mismo tiempo, hay que aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la participación. Las páginas web institucionales, que además de informar, abren espacios de comunicación con los ciudadanos y ciudadanas, son buen ejemplo de estas oportunidades.
FUENTE: HIRU.COM